Cargando…
Cada análisis se construyó sobre fuentes oficiales chilenas y pasó por verificación contradictoria antes de publicarse. Los datos crudos, las fuentes y la trazabilidad están abiertos.
La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales estandariza los cerca de 380 permisos del Estado y crea la ventanilla única SUPER. Su régimen sustantivo entra de forma diferida hacia 2026, así que su desempeño aún no puede medirse y la evidencia disponible es de preparación.
La Ley Marco de Ciberseguridad crea la ANCI y obliga a los operadores de importancia vital a prevenir y reportar incidentes. La institucionalidad está en marcha desde 2025, pero la ley no fija metas ni indicadores de resultado para evaluar su desempeño.
Firma y documento electrónico (Ley 19.799, 2002) y transformación digital del Estado (Ley 21.180, 2019) como un solo cuerpo. La confianza digital que sienta la 19.799 es la base sobre la que la 21.180 vuelve electrónico por defecto el procedimiento administrativo.
La ley crea derechos exigibles sobre los datos personales y una autoridad con potestad sancionatoria, pero no fija metas, indicadores de resultado ni un mandato de evaluación de su propio desempeño.
La Ley de Inclusión Escolar pone fin al lucro, la selección y el copago en los establecimientos que reciben aporte del Estado. Cuantifica sus insumos con precisión y no dedica ningún artículo a medir sus resultados.
Análisis ex ante de la reforma al Sistema de Admisión Escolar (boletín 18.389-04). El proyecto declara tres objetivos cualitativos y no fija metas, indicadores ni mandato de evaluación para verificar si los cumple.
El diseño obtiene 5,9 de 10 en el marco DEM, que exige un mínimo de 5,0 para considerarse viable. El criterio más débil es sostenibilidad, con 4,0/10: el saldo del Fondo de Alto Costo cerró 2025 en $38.326 millones, y el Congreso tramita un alza del aporte fiscal anual permanente de $100.000 a $185.000 millones.
El diseño obtiene 7,1 de 10 en el marco DEM, que exige un mínimo de 5,0 para considerarse viable. El criterio más débil es sostenibilidad, con 5,5/10: el punto a reforzar antes de avanzar.
Análisis Proyecto de Ley Capital Basado en Riesgo
El proyecto enmarca las remesas en efectivo a América Latina y el Caribe como un foco de prevención de lavado de activos, sumando a las empresas de transferencia de dinero como sujetos obligados a reportar a la UAF cuando las operaciones en efectivo de una sucursal alcanzan USD 10.000 mensuales.
El proyecto protege a adultos mayores con propiedades de alto avalúo fiscal pero ingresos bajos, evitando que pierdan su único patrimonio por el alza de contribuciones.
Cuando un problema es territorial y verificable, el eje izquierda–derecha se vuelve secundario.