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Cada análisis se construyó sobre fuentes oficiales chilenas y pasó por verificación contradictoria antes de publicarse. Los datos crudos, las fuentes y la trazabilidad están abiertos.
Análisis ex ante del proyecto que regula las plataformas de apuestas en línea (boletín 14.838-03): 5,5 de 10 en el marco DEM. Propone licenciar y tributar un mercado hoy prohibido, pero no declara indicador, meta ni línea base para cuatro de sus cinco objetivos. Sigue en tramitación.
La Ley 21.591 reemplaza el régimen del impuesto específico a la actividad minera y reparte parte de lo recaudado entre gobiernos regionales y municipios: 7,3 de 10 en el marco DEM. Rige desde enero de 2024 y ya llegó a más de trescientas comunas, aunque no fija metas cuantificadas para evaluar su resultado.
La Ley 10.336, orgánica de la Contraloría, frente a las Entidades Fiscalizadoras Superiores de la OCDE: doce dimensiones institucionales.
Análisis ex-ante del proyecto que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos (boletín 17.590-05): qué propone para la gobernanza e interoperabilidad de datos del Estado, cómo se apoya en la Ley 21.719 de protección de datos, y las tensiones de financiamiento e implementación que abrió el debate en el Senado.
La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales estandariza los ~380 permisos del Estado y crea la ventanilla única SUPER: 6,0 de 10 en el marco DEM. Su régimen sustantivo entra de forma diferida hacia 2026; su desempeño aún no puede medirse y la evidencia es de preparación, no de resultados.
La Ley Marco de Ciberseguridad crea la ANCI y obliga a los operadores de importancia vital a prevenir y reportar incidentes: obtiene 6,5 de 10 en el marco DEM. La institucionalidad está en marcha desde 2025, pero la ley no fija metas ni indicadores de resultado para evaluar su desempeño.
Firma y documento electrónico (Ley 19.799, 2002) y transformación digital del Estado (Ley 21.180, 2019) como un solo cuerpo: 7,1 de 10 en el marco DEM. La confianza digital que sienta la 19.799 es la base sobre la que la 21.180 vuelve electrónico por defecto el procedimiento administrativo.
El diseño obtiene 5,2 de 10 en el marco DEM, que exige un mínimo de 5,0 para considerarse viable. El criterio más débil es efectividad, con 3,5/10: la ley crea derechos exigibles y una autoridad con potestad sancionatoria, pero no fija metas, indicadores de resultado ni un mandato de evaluación de su propio desempeño.
El diseño obtiene 6,2 de 10 en el marco DEM, que exige un mínimo de 5,0 para considerarse viable. El criterio más débil es efectividad, con 4,5/10: la ley cuantifica sus insumos con precisión y no dedica ningún artículo a medir sus resultados.
El diseño obtiene 5,4 de 10 en el marco DEM, que exige un mínimo de 5,0 para considerarse viable. El criterio más débil es efectividad, con 3,5/10: el proyecto declara tres objetivos cualitativos y no fija metas, indicadores ni mandato de evaluación para verificar si los cumple.
El diseño obtiene 6,4 de 10 en el marco DEM, que exige un mínimo de 5,0 para considerarse viable. El criterio más débil es sostenibilidad, con 4,0/10: el saldo del Fondo de Alto Costo cayó de $90.482 millones a $38.326 millones en el último cuarto de 2025.
El diseño obtiene 7,1 de 10 en el marco DEM, que exige un mínimo de 5,0 para considerarse viable. El criterio más débil es sostenibilidad, con 5,5/10: el punto a reforzar antes de avanzar.