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Esta vista cruza las dos fuentes públicas que registran el gasto del proyecto —el expediente del Banco Integrado de Proyectos y la contabilidad SIGFE— y lee, año por año, cuánto declaró cada una. El expediente declara un costo total de $3.698 millones y un avance financiero de 84,3 %. El cruce es posible porque el organismo informa el código BIP en cada pago.
El expediente declara un avance financiero de 84.3% del costo total del proyecto.
El devengo del volcado de pagos y el gasto que declara el expediente difieren en promedio 2.8% en los 3 años con las dos cifras declaradas, una brecha estable entre 0.0% y 8.5%.
El año con menor ejecución presupuestaria del expediente fue 2022, con un 3.3% de lo asignado efectivamente gastado.
El presupuesto del programa P01-Serviu VII Región bajó entre la ley inicial y el presupuesto vigente de 2026.
El expediente y la contabilidad casi nunca cuadran exactos: el expediente suele ir adelantado, porque carga compromisos antes del pago. Este careo suma solo los años en que las dos fuentes declaran el mismo período, para que la comparación sea del mismo universo.
Sobre los 3 años comparables, la contabilidad registra $2 millones más que el expediente —una diferencia de 0,1 %.
El monto asignado a la obra cada año, que declara el expediente, contra el devengo registrado por la contabilidad. La distancia entre ambos es la subejecución del año. Un año sin entrada del expediente lleva la marca de ausencia, no una barra en cero.
Ley inicial contra presupuesto vigente al cierre, con el neto de las modificaciones. Este nivel es el del programa presupuestario que financia la obra —el detalle por proyecto no es dato abierto— y se enlaza al proyecto por su código de programa. Cada programa se muestra por separado; los años que DIPRES todavía no publica por línea no aparecen, en vez de dibujarse en cero.
Este nivel muestra el neto entre ley inicial y vigente de cada programa; el decreto puntual de cada movimiento y el reparto por proyecto no son dato abierto.
Los receptores de los pagos SIGFE del código BIP, con su monto total, el número de transacciones y su participación. Solo aparecen las personas jurídicas: los pagos a personas naturales quedan fuera por resguardo, así que la suma no reconcilia al total del proyecto.
El desglose enumera 9 entidades receptoras. Suman el 99,8 % del devengo del proyecto, y la diferencia de $5 millones corresponde a los pagos que no se desglosan por identidad. Los pagos a personas naturales quedan fuera del desglose junto con su identidad, conforme a la Ley 21.719 sobre protección de datos personales.
El expediente del Banco Integrado de Proyectos declara el costo, el gasto y la asignación anual de la obra; lo carga la unidad técnica. La contabilidad SIGFE registra el devengo efectivo, mes a mes, con documento. Esta vista las carea: la primera dice cuánto se ha comprometido, la segunda cuánto se ha reconocido.
El movimiento del costo declarado se muestra sin deflactar. En mediana, el costo de los proyectos sube lo mismo que la inflación, así que sin corregir por IPC no se puede afirmar sobrecosto real —solo describir el movimiento nominal.
La ley inicial y el presupuesto vigente son del programa presupuestario que financia la obra, enlazado por su código de programa. El detalle por proyecto y el decreto de cada modificación no son dato abierto.
La mayor parte de la inversión del país la declaran organismos que no amarran cada pago a un código. Para Metro S.A., la Dirección de Vialidad del MOP y la Empresa de Ferrocarriles del Estado el lado de pagos queda vacío. Ahí la ficha muestra el expediente y marca «no informa por proyecto», nunca «sin ejecución»: esas obras sí están gastando, lo que falta es la marca en el pago.